Hace veinte años, con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993, los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea (UE) adquirieron también la condición de ciudadanos de la UE y, con ello, la garantía sobre una serie de derechos esenciales para la vida cotidiana. Así figura en el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010, que hace referencia al concepto de ciudadanía de la UE y su consolidación con el Tratado de Lisboa. Este concepto «añadió una nueva dimensión política a la naturaleza de la integración europea, que hasta entonces había sido fundamentalmente económica», indica el informe.
Según los tratados de la UE, los ciudadanos deberían disfrutar plenamente de sus derechos más allá de las fronteras nacionales, en los viajes, el estudio, el trabajo, el matrimonio, la jubilación, comprando o heredando bienes, votando, o simplemente comprando en línea a empresas establecidas en otros Estados miembros. No obstante, según se ha puesto de manifiesto en diversos informes y consultas públicas, el ejercicio de estos derechos choca en la práctica con algunos obstáculos. En su informe The citizen and the application of Community Law, del 8 de junio de 2008, el miembro del Parlamento Europeo, Alain Lamassoure, describía algunos de ellos y concluía que las políticas europeas deberían construirse a partir de los derechos y las necesidades de los ciudadanos de la UE y producir resultados concretos.
Aplicación efectiva de derechos y mejora del conocimiento
Para combatir estos obstáculos, aparte de la correspondiente actualización o revisión de algunas de las normas existentes, desde la Comisión Europea (CE) se considera necesario articular acciones dentro de tres categorías principales: aplicación efectiva de los derechos de la UE, facilitar su disfrute en la práctica y mejorar el conocimiento de los mismos. Para ello, dentro del informe del año 2010, la CE recogía 25 iniciativas a corto y medio plazo cuya aplicación inicial y sus resultados serán evaluados durante el año 2013, presentado por la comisión como el «Año Europeo de los Ciudadanos».
Coincidiendo con el comienzo del semestre de la presidencia de Irlanda del Consejo de la UE, el pasado 10 de enero, el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, y la vicepresidenta Viviane Reding, dieron el pistoletazo de salida de este año en Dublín. Acompañados por el primer ministro irlandés, Enda Kenny, y por la ministra de Asuntos Europeos irlandesa, Lucinda Creighton, así como de otros ministros y eurodiputados irlandeses, los representantes de la comisión, participaron en un debate abierto sobre el futuro de la UE con más de 200 ciudadanos de la capital irlandesa. El que fuera el primer debate del año no constituye, sin embargo, el primero mantenido por los comisarios con los ciudadanos europeos. Desde el pasado mes de septiembre Reding ha participado en sendos encuentros en Cádiz (España), Graz (Austria) y Berlín (Alemania).
Como han informado, durante este año se organizarán múltiples actos, conferencias y seminarios a nivel nacional, regional y local y se potenciarán los portales de internet multilingües. Además, está previsto que sea publicado el 9 de mayo un segundo informe sobre la ciudadanía de la UE que recogerá las contribuciones obtenidas en la consulta pública realizada entre el 9 de mayo y el 9 de septiembre del año pasado, en la que ciudadanos de los 27 países trasladaron los principales problemas que habían encontrado al ejercer sus derechos como ciudadanos de la UE.