Ante la inauguración del Año Judicial, desde el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza se pone de manifiesto que se “abre un ejercicio, quizá de los más complicados que se han podido vivir. Los retrasos en los juzgados derivados de la crisis sanitaria del COVID y el crónico atasco o paralización que suele haber en la Justicia abre un panorama poco optimista” tal y como ha asegurado el decano Antonio Morán.
La no renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial ha evidenciado la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios que, siendo un problema muy importante, no es el único: “hay un problema subyacente mayor como es la necesaria renovación de la administración de Justicia. Necesita un impulso ya que resulta ineficaz como solución a muchos de los problemas que tienen los ciudadanos”.
Además de la paralización o “hibernación” de la Justicia, término éste utilizado durante el Estado de Alarma por el Consejo del Poder Judicial, en los meses de confinamiento, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza ha puesto como ejemplo de la ineficacia de las medidas adoptadas “la pretendida agilización o recuperación declarando agosto como mes hábil en la Justicia. Esta medida se ha evidenciado como ineficaz. Ha sido ineficaz y se ha vulnerado el derecho a descanso que tienen los abogados y sus clientes, a diferencia de los funcionarios públicos”, a lo que Antonio Morán ha añadido que “ya anunció la Abogacía, en reiterados documentos, que esta medida iba a ser inútil”.
A pesar de estos anuncios, desde el Gobierno no se hizo caso; los funcionarios hicieron uso de su derecho al descanso, mientras que abogados y procuradores no. Pero tampoco los ciudadanos que han necesitado realizas actuaciones judiciales.
Para Antonio Morán, esta “ineficacia se ha mostrado también en la Proposición de Ley que está en tramitación parlamentaria y en la que se impide a los abogados acudir a los tribunales a no ser que estén citados a juicio o hayan solicitado cita previa”. Ante la presión de la Abogacía a los grupos parlamentarios, hace 48 horas, en la Comisión de Justicia del Senado, se ha admitido que los letrados puedan acudir a los tribunales siempre que lo consideren necesario para hacer las gestiones que garanticen la defensa de los ciudadanos.
“Éste va a ser un ejercicio muy difícil. Además de que resulta desalentador la falta de acuerdos por parte de los responsables públicos para la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, parece evidente la falta de voluntad de resolver los problemas de la Administración de Justicia. Si tuvieran la misma voluntad por la Administración de Justicia que la que han manifestado en otras Administraciones, se podría dar una solución más eficaz”, ha concluido el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán.