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REFORMAS EN LA JUSTICIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA

El pasado día 29 de abril, el Boletín Oficial del Estado, publicó el Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Establece una serie de medidas que persiguen evitar, en lo posible, el temido colapso de la justicia una vez se levante el estado de alarma y poco, muy poco, dice de cómo pretende reactivar la justicia durante su vigencia. Las medidas que fija van a depender de mejoras técnicas y de acondicionamiento de los juzgados y tribunales que permitan, paulatinamente, la normalización de la actividad judicial. Su mayor o menor eficacia el tiempo lo mostrará. Lo que ya se sabe de antemano que será ineficaz, tal como viene configurado en la norma, es la habilitación parcial del mes de agosto.

La LOPJ dice que, salvo para los asuntos urgentes, el mes de agosto es inhábil, como los son los domingos y festivos y, recientemente, los sábados.La inhabilidad tradicional de dicho mes pretende que el derecho al descanso de todos los denominados operadores jurídicos afecte lo menos posible al funcionamiento de la justicia. La idea es, pues, procurar concentrar las vacaciones de todos ellos en dicho mes, pues de lo contrario ocurre lo que se viene observando: que los juzgados funcionan a medias durante casi cuatro meses.

La abogacía, que tiene encomendada la defensa de los derechos de los ciudadanos, es consciente de que las circunstancias actuales exigen de todos -y más de quienes más pueden dar-, sacrificios. La abogacía no los elude: al contrario, ha dado pruebas sobradas de su compromiso y, como muestra, ha mantenido el servicio de guardia para atención al detenido y a las mujeres víctimas de violencia, incluida la violencia de género, durante todos los días y durante todas las horas, con un magnífico nivel de profesionalidad.

Lo que la abogacía rechaza es que el sacrificio sea estéril, y sin duda lo será si los juzgados siguen, como otros años, funcionando tres o cuatro meses a medias. Será estéril porque, inevitablemente, se producirán suspensiones. El señalamiento de una vista no afecta exclusivamente a los profesionales, abogados y procuradores: están las partes, los testigos, los peritos que pueden ver truncadas sus vacaciones (que las merecen, a buen seguro), o que tendrán dificultades para asistir. Y volvemos a lo dicho ¿estarán los juzgados debidamente dotados y equipados para celebrar los juicios en agosto?

En un país en que la media de jueces por número de habitantes está muy por debajo de la media de nuestro entorno; en el que hay órganos judiciales que señalan para dentro de dos o tres años; en que las partes pueden estar esperando la sentencia de su caso durante más de tres años; en un país que tiene una justicia con unos medios que contrastan (cómo no van a contrastar) con los que tiene la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social; en un país, en definitiva, cuyos gobernantes no se han tomado nunca en serio la justicia, pretender la solución de tan graves problemas con la habilitación del mes de agosto es, por decirlo de algún modo, una ilusión, una medida cosmética. Si no se hace un buen diagnóstico, no podremos ofrecer un buen tratamiento.

Aún más, sin duda lo más importante es la necesidad de reiniciar la actividad de los tribunales sin más dilación pues, a la crónica lentitud de la Justicia, se añade la demora que se está generando en estas semanas. En estas fechas otras administraciones  ‒y no digamos buena parte del sector privado‒ han mantenido un razonable nivel de actividad aunque el riesgo de contagio era igual para todos. Adoptando las medidas de protección establecidas por las autoridades sanitarias se ha podido funcionar sin, por ello, incrementar la extensión de la pandemia. Y la reanudación de la actividad sería aún más rápida y eficiente si la Administración de Justicia utilizase, de verdad, esos medios de telecomunicación de los que reiteradamente hace gala, y que solo exige su uso a los demás.
 
¿Hay que hacer sacrificios?, háganse; pero que sean útiles y no solo para que, quien tiene la responsabilidad, parezca que hace algo.

Fdo.: Angel García Bernués,  Antonio Morán Durán y Alfonso Casas Ologaray. Decanos de los Colegios de Abogados  de Huesca, Zaragoza y Teruel.