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EL CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE ARAGÓN MUESTRA SU MALESTAR SOBRE LAS MEDIDAS PRESENTADAS POR EL CGPJ TRAS EL ESTADO DE ALARMA

La administración de justicia, a consecuencia de la declaración del estado de alarma motivado por el COVID 19, ha cesado su actividad casi por completo, a salvo, únicamente, los escasos servicios considerados esenciales. Esta parálisis contrasta con el funcionamiento normal de otros sectores de la administración, sobre todo la recaudadora (TGSS y AEAT) y de la autoridad laboral, por motivos obvios.

Muchas cosas se podrían estar haciendo -sin perjudicar las garantías de salud de los funcionarios, que es, desde luego un fin prioritario-, como es la de avanzar en la tramitación de los asuntos, sin celebrar vistas y evitando la concentración de personas. El presente parón de la justicia viene a agravar en muchos casos unos retrasos y problemas crónicos.

Pues bien, nada dice el Consejo General del Poder Judicial que vaya encaminado a reactivar el funcionamiento de la administración de justicia. Por el contrario, propone un extensísimo paquete de medidas, muchas de las cuales necesitan de reformas legislativas de calado, que no es momento de acometer. El plan de choque debe regirse por una visión realista de los problemas buscando soluciones que ya estén al alcance, si queremos que sean eficaces.

No es de recibo emprender reformas legislativas de la enjundia de las que se pretende por el CGPJ, sin un debate sosegado y amplio. En muchos casos, las propuestas afectan al propio diseño de nuestro proceso, a los principios que lo configuran, y a derechos fundamentales como el de acceso a los tribunales y a obtener de ellos una resolución fundada en derecho, que se verían, desgraciadamente y si las propuestas siguen adelante, cercenados o seriamente limitados.

Es ilusorio pretender, en las actuales circunstancias y como por ensalmo, solucionar todos los problemas que la justicia arrastra desde años; y no es admisible pretender hacerlo con limitación de derechos y garantías.

Es inevitable referirse a un trasfondo corporativo de las medidas propuestas. Se propone que el mes de agosto del presente año 2020 sea hábil a todos los efectos y en todos los órdenes jurisdiccionales, si bien, “sin perjuicio del escrupuloso respeto al disfrute de las vacaciones anuales de los miembros del Poder Judicial” (sic); como si los demás, los profesionales, no tuviesen igual derecho al descanso. Pero es que, por añadidura, la habilitación del mes de agosto puede ser inútil o tener efectos contraproducentes, pues la práctica de año tras año demuestra que el régimen de vacaciones de jueces, letrados de la administración de justicia y el resto de funcionarios, provoca que los juzgados, en realidad, funcionen a medias durante casi tres meses. El mes de agosto debe mantenerse inhábil y concentrar las vacaciones en ese mes, salvo la de quienes han de mantener los servicios esenciales, con lo que se conseguirá una mayor eficacia.

La abogacía –también otros colectivos y profesionales- a través del CGAE y sus representantes en las comisiones de seguimiento de las Comunidades Autónomas, viene colaborando y proponiendo soluciones con la solvencia que proporciona conocer el día a día en el funcionamiento de los juzgados.