En el IV Congreso de la Abogacía Aragonesa organizado por el Consejo de la Abogacía Aragonesa se ha hablado de la gestión de la responsabilidad de las personas jurídicas como el denominado “compliance” y de la ciberseguridad, entre otros asuntos. Además, se han tratado temas que preocupan a los profesionales como la jubilación y la mutualidad, los servicios subvencionables la prevención en el blanqueo de capitales. En el acto de clausura del IV Congreso de la Abogacía Aragonesa en la que han participando 200 profesionales, se ha dado lectura a las conclusiones de esta cita que no se convocaba desde el año 2000.
Conclusiones del IV Congreso de la Abogacía Aragonesa
1. La base democrática de las instituciones de la Abogacía hace que éstas sean el cauce idóneo de representación y defensa de la profesión.
2. Las instituciones de la Abogacía son garantía de la libertad e independencia del derecho a la defensa en la prestación del Turno de Oficio y otros servicios a la sociedad, cuya contraprestación digna y equilibrada debe seguir siendo reivindicada.
3. En particular, la Abogacía aragonesa reivindica la efectiva aplicación de la Ley 9/2017 por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos en Aragón.
4. La Abogacía aragonesa manifiesta su compromiso con la formación inicial y permanente de los profesionales, en una sociedad cada vez más compleja y especializada, tarea en la que las secciones colegiales representan un instrumento idóneo.
5. Existe una necesidad de transformación digital de la profesión que no es ignorada por las instituciones colegiales, que han invertido y continuarán invirtiendo importantes recursos en esa área.
6. Los nuevos cauces de comunicación, las llamadas “redes sociales”, son una valiosa realidad, pero no pueden sustituir la elaboración ordenada y participativa de la voluntad de las instituciones colegiales.
7. La Abogacía institucional continuará reclamando ante las autoridades los medios oportunos y eficaces, que garanticen una previsión social adecuada de sus profesionales.
8. Se constata el auge de nuevos campos en los que los profesionales del derecho deben tomar protagonismo en atención a su cualificación, entre otros, el cumplimiento normativo, la protección de datos y el blanqueo de capitales.
9. La Abogacía institucional estará alerta frente a fenómenos como la financiación de litigios, por sus implicaciones éticas y deontológicas.
10. La Abogacía no debe perder de vista los métodos alternativos a la jurisdicción para la resolución de conflictos: nuestro papel no es tanto ganar casos como solucionar problemas.