En las reuniones mantenidas con Andrea Levy, vicesecretaria de estudios y programas del PP y con Meritxell Batet, secretaria de estudios y programas del PSOE, Unión Profesional expuso como objetivo principal una propuesta de colaboración real de las organizaciones colegiales con las distintas Administraciones públicas. Es importante que la sociedad a través de las instituciones públicas cuente con el asesoramiento de entidades que tengan conocimiento específico y experto en los diferentes ámbitos de la sociedad, como garantes del acceso efectivo a los distintos servicios por parte de los ciudadanos.
Otra de las propuestas que Unión Profesional planteó en las reuniones fue la oportunidad de articular un sistema de interlocución reglado entre el Gobierno y la propia Unión Profesional, así como con las organizaciones colegiales con la finalidad de poder colaborar con el Ejecutivo en la optimización de normas en materias comunes a las profesiones y de desarrollo de la regulación profesional debiendo preservarse, en todo caso, un modelo colegial que tenga como finalidad garantizar el interés general de la sociedad, destacando así la función social y de seguridad que los colegios profesionales aportan.
Andrea Levy, del PP, en la reunión mantenida con el presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, destacó la participación de las organizaciones colegiales como entidades colaboradoras con las Administraciones públicas y también como sociedad civil.
Por su parte, Meritxell Batet, del PSOE, insistió en que debe haber una mayor relación entre las organizaciones colegiales y los poderes públicos ya que la esencia de los colegios profesionales es la de garantizar los intereses de los consumidores y usuarios y ésta no debe quedar diluida con cuestiones que puedan desviarla atención de su función principal.
El Presidente de Unión Profesional constató que según reconoce el Tribunal Constitucional en su sentencia núm. 3/2013 de 17 de enero, "la institución colegial está basada en la encomienda de funciones públicas sobre la profesión a los profesionales (…).La razón de atribuir a estas entidades, y no a la Administración, las funciones públicas sobre la profesión (…) estriba en la pericia y experiencia de los profesionales que constituyen su base corporativa".