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Ante la celebración en los próximos meses de las elecciones generales, Unión Profesional ha querido hacer llegar a los distintos partidos políticos sus propuestas sobre las profesiones y sus organizaciones colegiales de cara a que sean tenidas en cuenta en la elaboración de los programas electorales.

Estas Corporaciones de Derecho público realizan una constante función social y contribuyen a la seguridad en todos los ámbitos con sus aportaciones sistemáticas a la economía, a la justicia, al empleo, la formación, la industria, el medio ambiente, la sanidad, la cultura, el deporte, el patrimonio –su administración y gestión- y las infraestructuras.

Para garantizar todas estas funciones de las profesiones colegiadas y su régimen jurídico, Unión Profesional solicita reforzar la capacidad de autorregulación de las organizaciones colegiales atribuyéndoles funciones apropiadas para que su administración sea eficaz y conforme al principio de unidad de mercado. Asimismo, con la finalidad de poder aconsejar al Gobierno en la optimización de normas en materias comunes a las profesiones y de desarrollo de la regulación profesional, sería necesario articular un sistema de interlocución oficial entre éste y las propias organizaciones colegiales.

Desde Unión Profesional también se requiere que la colegiación sea concebida como una garantía institucional de buena práctica, sujeta a normas deontológicas que pueden ser exigidas al profesional y deben ser respetadas por el empleador público y privado para garantizar la independencia del acto profesional. Igualmente, se pretende promover como funciones consustanciales a las corporaciones colegiales la función deontológica y de formación continua dotando de excelencia y calidad los servicios profesionales que se ponen al servicio de la ciudadanía.

Estas peticiones se llevan a cabo en base a las aportaciones que los Consejos y Colegios profesionales hacen a la sociedad en las distintas áreas como colaboradores de las Administraciones Públicas con acciones conjuntas, datos, estadísticas, informes, etc, tanto en el ámbito nacional como territorial. Así como también con las instituciones privadas potenciando la colaboración público-privada en beneficio de los consumidores y usuarios.