La norma había sido aplazada sine die y el Ministerio de Economía y Competitividad había confirmado que estaba a la espera de un ‘peer review’ (informe de evaluación) de la Comisión Europea (CE).
Sin embargo, pese a que el Ejecutivo ha reconocido “una enorme presión por parte de las instituciones comunitarias” para que sacara adelante la nueva normativa, que reducía drásticamente las profesiones para las que se prevé la colegiación obligatoria, entre otras medidas, Cospedal ha reconocido, como recoge Cinco Días, que “desde el propio Gobierno y el propio partido, se planteó que no podíamos seguir adelante”.
Cospedal no ha profundizado en los motivos que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión, pero ha subrayado que están convencidos de la utilidad de los organismos de representación profesional y por eso “vamos a mantener los colegios profesionales”. Lo cierto es que los desencuentros y falta de consenso dentro del equipo de Rajoy eran evidentes y sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales pesaba la amenaza de convertirse en una reforma fallida.
De este modo se pone punto y final a una reforma que ha levantado las iras de gran parte del millón de profesionales afectados por esta ley en España. Entre ellos, los colegios sanitarios, airados por varios puntos de la normativa como la libre elección del lugar donde darse de alta en un colegio, la eliminación de las tarifas de inscripción y el límite de las cuotas a 20 euros mensuales, el intervencionismo del Estado en caso de “mal funcionamiento” del colegio o, el más polémico de todos, el régimen de incompatibilidades que obligaba a los representantes sanitarios a no simultanear cargos colegiales con puestos en mutuas, sindicatos o partidos políticos.