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Noticia  - 16/04/2014

APROBADO EL PLAN ENERGÉTICO DE ARAGÓN PARA EL PERIODO 2013-2020

Con este plan, al que ha dado luz verde el Consejo de Gobierno, se pretende conjugar crecimiento económico, seguridad en el abastecimiento de la energía, mejorar la eficiencia y fomentar el desarrollo tecnológic
Fuente: Gobierno de Aragón

Las principales líneas de acción en la política energética de Aragón  para los años 2013-2020 se recogen ya en el Plan Energético de la comunidad que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno.
 
El objetivo de este plan es encontrar el equilibrio en materia energética y que esto asegure crecer económicamente, generar empleo, mantener la seguridad y calidad en el abastecimiento energético, mejorar la eficiencia energética e impulsar un desarrollo tecnológico que preserve el medio ambiente.
 
Como ha explicado el Consejero de Industria, Arturo Aliaga, "en lo que respecta a la generación eléctrica, el documento apuesta por mantener la generación con carbón, prevé un crecimiento en la cogeneración con gas en industrias y también en hidroeléctrica, así como el desarrollo de más de 1.200 megavatios de eólica y un incremento en la biomasa, campo en el que Aragón tiene una gran potencia"
 
El plan contempla que la potencia instalada en renovables crezca en Aragón en casi 4.000 megavatios de aquí a 2020 y concede abundante peso a la actividad de I+D+i ligada a la energía.
 
Esta hoja de ruta en materia de energía, contiene cinco estrategias fundamentales: incrementar el parque de generación eléctrica, desarrollar las infraestructuras energéticas y promover las energías renovables, el ahorro y uso eficiente de la energía y la investigación, el desarrollo y la innovación energética.
 
Tres proyectos declarados de interés autonómico
 
Además, Aliaga ha explicado los tres proyectos industriales que el Consejo de Gobierno de hoy ha declarado de interés autonómico.
 
Son los que han presentado las empresas Rolabo –para construir tres plantas de fabricación de productos farmacéuticos-, Industrias Monzón XXI –para tableros de madera- y Entinox  para fabricar envases metálicos para bebidas.
 
Sobre este último, el Consejero de Industria ha destacado que ahora "la empresa va a atender un mercado a medida para los fabricantes de bebidas carbónicas de Europa, produciendo recipientes a presión en aluminio, para lo que invertirá más de 3 millones de euros creando 20 nuevos puestos de trabajo".
 
En conjunto, los tres proyectos industriales declarados de interés autonómico suman 20 millones de euros de inversión y suponen la creación de 92 nuevos puestos de trabajo. 
 
Requerimiento al Estado
 
En el Consejo de Gobierno de hoy también se ha aprobado que el ejecutivo autonómico presente un requerimiento al Estado para que corrija el dato del déficit.
 
“Es la primera comunicación del Gobierno de Aragón al Gobierno de la nación”, ha afirmado el Consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro. Se trata, ha añadido, de “una decisión que hemos tomado tras recibir la comunicación oficial del informe de la IGAE, que cifra el déficit en un 2,06%. Lo que hacemos es presentar una discrepancia que posteriormente acabará en  recurso contencioso-administrativo”.
 
El ejecutivo autonómico discrepa en 173 millones y con este paso pretende defender la autonomía y la suficiencia financiera de Aragón. Por eso, insta a la Administración General del Estado a que corrija el cálculo de la cifra de déficit del ejercicio 2013, incluido en el primer informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
 
Anteproyecto de Ley de Fundaciones
 
En el Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy, también se ha tomado conocimiento del inicio del procedimiento para tramitar el anteproyecto de Ley de Fundaciones surgidas de la transformación de las Cajas de Ahorros Aragonesas. Con él, como ha explicado Bermúdez de Castro, “Ibercaja se transformará en una fundación bancaria y la Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón en una fundación ordinaria”.
 
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene las competencias para desarrollar la normativa básica estatal.

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