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El Pleno del Senado, celebrado el 20 de noviembre, ha aprobado por unanimidad la propuesta de modificación a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la senadora de UPN por Navarra, Amelia Salanueva Murguialday, en la que se «insta al Gobierno a seguir manteniendo el diálogo con las representaciones profesionales españolas para lograr un consenso básico en la futura ley de Servicios Profesionales, centrándose principalmente en los tres ejes que generan serias discrepancias: colegiación, autorregulación e interlocución».

En su intervención, la senadora Salanueva ha resaltado que se trata de un «momento propicio para reclamar al Gobierno que mantenga una interlocución con los distintos sectores afectados por esta ley», como es el caso del millón y medio de profesionales que integran la Unión Profesional, organización a través de la que se han canalizado las diferentes quejas de sector, tanto en lo relativo al contenido como al procedimiento.

En relación con el contenido, la senadora ha incidido en los tres ejes que centran la principal preocupación. Por un lado, ha resaltado las consecuencias no deseadas que supondría la supresión de la colegiación obligatoria como es el caso de la falta de control sobre miles de profesionales, economía sumergida, empleo o la degradación de los servicios profesionales que ahora se prestan. «Los servicios profesionales son bienes de confianza para el ciudadano», afirmó Salanueva. El mercado de servicios profesionales funciona de forma diferente a otros mercados. «El precio no marca la relación entre el prestador y el consumidor; es una relación de confianza la que se establece entre el profesional y el cliente o paciente». Por esta razón, «no podemos circunscribir solo la ley con ansias liberalizadoras, que hasta cierto punto nos parecen bien, pero una excesiva liberalización podría provocar consecuencias no deseadas y romper esa confianza que se produce entre el profesional y el ciudadano». 

El segundo eje en el que, según la senadora, no están de acuerdo (como tampoco lo están los profesionales) es el relativo a la autorregulación por cuanto el Anteproyecto de ley establece que la Administración puede convertir a las corporaciones colegiales en órganos administrativos inferiores y subordinados del correspondiente departamento ministerial. «A nuestro juicio, si esto fuera así, no solo se vulneraría el espíritu de la Constitución (en el art. 35) sino que además tendría efectos negativos de orden social y democrático, además de un impacto económico negativo y una degradación institucional que no sería buena en un modelo colegial que creemos que está maduro, objeto de mejoras y posibles reformas, pero no tal y como se plantean en el anteproyecto».

Amelia Salanueva apeló asimismo a la institucionalización de la interlocución entre el Gobierno y los colegios y organizaciones profesionales de ámbito nacional «a fin de hacer un seguimiento de la normativa estatal, autonómica, europea o internacional que afecta a las profesiones» para que las regule de una manera más cohesionada y equilibrada.

A pesar de que no se aprobó la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, su representante, el senador, Antonio Julián Rodríguez, apoyó asimismo la moción presentada ya que consideran que el diálogo es una «obligación».

Como expuso el senador socialista, la incorporación a un colegio profesional garantiza a los usuarios, a los clientes, a los pacientes, la buena práctica de los profesionales que les atienden. «Nos reafirmamos en la independencia de las corporaciones colegiales que garantizan los derechos de los ciudadanos», afirmó. En sus palabras, «si se suprime la colegiación obligatoria el desamparo de los ciudadanos va a ser evidente y van a ser los propios perjudicados frente a un desvío posible del ejercicio profesional, porque los colegios profesionales procuran la preponderancia del buen servicio profesional frente al ánimo de lucro y regulan la calidad, la eficacia y la garantía de los servicios que se prestan».

Por su parte, el senador del Grupo Popular, José Enrique Fernández Moya, afirmó que el Gobierno va a mantener de manera permanente el diálogo con los colectivos afectados por la ley. «Precisamente, fruto de ese diálogo se está trabajando en matizar algunos aspectos del texto como el relativo a la autorregulación y, al mismo tiempo, a la independencia de los colegios profesionales». Así, continuó el senador, «se están reformulando, entre otros, los preceptos de los artículos 32 [Relaciones con la Administración Pública] y 33 [Funciones de la Administración Pública competente] del Anteproyecto de Ley, aclarando los casos, circunstancias y procedimiento para realizar el control de eficacia de los colegios».

En el mismo sentido, dijo el senador popular, «el Gobierno está revisando el texto para eliminar los elementos que puedan ser considerados como una injerencia excesiva de la propia Administración Pública en el funcionamiento colegial. Así, si bien, por ejemplo, se sigue exigiendo que el Comité de Ética y Deontología del Colegio sea independiente de su Junta colegial, no se entrará en detalles sobre su composición que, precisamente, deberá decidir en este caso, el Colegio, respetando, por tanto, la autonomía en el ámbito colegial».

> Moción presentada por el GPMX

> Propuesta de modificación a la moción