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EL PRESUPUESTO EN ARAGÓN PARA PROMOVER LA MEDIACIÓN AUMENTA UN 60% ESTE AÑO
La resolución de conflictos a través de la mediación recibirá este año un fuerte impulso presupuestario. El Plan de Mediación cuenta este año con una dotación de 250.000 euros, a lo que se suman los 70.000 del convenio aprobado el pasado diciembre con la Universidad de Zaragoza para acciones de formación, investigación, divulgación y fomento de este sistema alternativo de resolución de conflictos. En total 320.000 euros este año frente a los 200.000 del año pasado, es decir, un 60% más.
Este es uno de los datos que se pusieron de relieve en la Jornada Conmemorativa del Día Europeo de la Mediación que se celebra el 21 de enero, coincidiendo con el primer texto legislativo sobre mediación familiar en Europa a través de la Recomendación aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa ese mismo día de 1998.
Esta Jornada, la tercera que se celebra en la Comunidad, se desarrolló con acceso libre en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli, sede central del Gobierno de Aragón, y ha contado con dos partes diferenciadas en sendas mesas de debate; la primera sobre las acciones para la promoción, divulgación e implantación de la mediación realizadas desde diversos departamentos del Gobierno de Aragón y la segunda sobre la implantación efectiva de la mediación con la visión de colegios profesionales y las asociaciones.
Tras la inauguración de la Jornada a cargo de la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, coordinadora de la organización, se ha reunido la primera mesa, en la que además del ámbito judicial, correspondiente al Departamento de Presidencia, estaban representados los servicios de mediación de otras consejerías del Gobierno de Aragón, concretamente los de Familia, Consumo, Trabajo y Vivienda.
En esta mesa, moderada por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, Ruth Vallejo, participaban junto a María Ángeles Júlvez las directoras generales de Igualdad y Familias y de Protección de Consumidores y Usuarios, Teresa Sevillano y Ros Cihuelo, ambas del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales; la directora general de Trabajo, María Soledad de la Puente, de Economía; y la jefa de Fomento y Atención Social al Ciudadano de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, María Pilar Monge, de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
La directora de Justicia e Interior y coordinadora de la Jornada ha resaltado la voluntad del Ejecutivo, reflejada claramente en los presupuestos, de impulsar la mediación y contribuir así a la paulatina desjudicialización de los conflictos, instalando una nueva cultura en la sociedad y disminuyendo las actuaciones judiciales.
Asimismo, Júlvez ha reiterado el compromiso del Gobierno de Aragón de disponer en esta misma legislatura de una Ley de Mediación, cuyo texto inicial ya tiene avanzado un equipo de la Universidad de Zaragoza y que en su momento se someterá a un proceso abierto de aportaciones y consultas públicas antes de convertirse en proyecto de ley.
Teresa Sevillano ha explicado la labor del Servicio de Orientación y Mediación Familiar, un recurso gratuito de acceso universal para las familias residentes en Aragón. La multicausalidad y diversidad de los conflictos intrafamiliares, ha destacado, convierte a la mediación familiar en un medio adecuado para alcanzar acuerdos asumidos, en el que todas las partes “ganan”.
A su vez, Ros Chihuelo ha señalado que un total de 1.300 conflictos entre consumidores y empresas se están resolviendo en mediación, y una actividad similar se registra en los expedientes tramitados por las secciones de consumo provinciales, con 850 archivos por acuerdo amistoso, a lo que hay que sumar las mediaciones resueltas por oficinas municipales o comarcales de información al consumidor o por las asociaciones de consumidores.
Por su parte, la directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Mª Soledad de la Puente, hizo un balance tanto del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) como de la Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMACs), con un nivel muy alto tanto de actividad como de casos en los que se alcanzó un acuerdo antes de entrar en vía judicial. Destacó el hecho de que en la Comunidad Autónoma de Aragón, el SAMA haya cubierto más de 20 años de actividad.
En la segunda mesa, moderada por Julián Bonafonte, del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, los colegios profesionales y las asociaciones han aportado a partir del mediodía su visión de la implantación efectiva de la mediación. Han intervenido José Ignacio Lorenzo, decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en Ciencias de Aragón, las mediadoras Sara de Diego, de la asociación ¿Hablamos?; Pilar Hernández, de la asociación Camyn; y Cristina Charlez, del Colegio de Abogados de Zaragoza; Fernando Tirado, director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Zaragoza; José Luis López, mediador del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón; y Cristina Sola, vocal de mediación del Colegio de Trabajo Social de Aragón.
Varios de los participantes en esta mesa son precisamente los promotores de proyectos piloto seleccionados el año pasado y que se van a poner en marcha éste para la implantación de la mediación intrajudicial en los distintos partidos judiciales de Aragón. El pasado 7 de diciembre se resolvió la concesión de subvenciones para estos proyectos.
A la Asociación ¿Hablamos? se otorgó una ayuda de 34.416 euros, al Centro Aragonés de Mediación y Negociación (Camyn), 31.500 euros, y al Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, sendas subvenciones de 54.180 euros para mediación intrajudicial y de 19.350 para orientación en mediación en el ámbito de los intervinientes en justicia gratuita.
El proyecto de ¿Hablamos? y el primero de los del Consejo de Colegios de Abogados se centran en la Jurisdicción Penal, mientras que el de Camyn y el segundo de los abogados atañen a la Civil y a otras jurisdicciones. La Dirección General de Justicia e Interior ha comunicado esta información al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para su conocimiento y a efectos de que la traslade a los juzgados y tribunales para facilitar la realización de estos proyectos piloto e impulsar la implantación de la mediación en la Comunidad Autónoma.
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